En medio de las idas y vueltas por las candidaturas, otro tema de fuerte interés público es la situación de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, los dos magistrados de la polémica, en boca de todos por un fallo reciente. En él ambos morigeraron la condena a un violador -que había recibido una pena de seis años y fue bajada a tres años-, aludiendo que la víctima, un nene de seis años, tenía orientación homosexual y había sufrido abusos anteriores.
Conocida su resolución, comenzó la catarata de críticas, comprensible por el sesgo homofóbico y la falta de criterio para un caso tan delicado como ese.
La prensa pidió su renuncia rápidamente, pero también diversas entidades que nuclean a abogados y estudiantes. El reclamo era que Piombo también dejara de dictar clases en la Facultad de Derechos de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), cosa que finalmente sucedió días después, cuando presentó su dimisión a ese puesto.
Pero más tarde vino, como esperaban todos, la renuncia a su puesto en el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Que fue tomada por la Corte Suprema de Justicia provincial y ahora tendrá que ser evaluada por el Poder Ejecutivo, con tiempo hasta el 12 de junio para la disposición final: es esa opción o que avance el pedido de jury contra los dos.
La misma situación corre para Sal Llargués, que siguió los pasos de su colega y también presentó la renuncia horas atrás.
Esa es una posibilidad que evalúa la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense, cuyos miembros tuvieron una reunión ayer y elevaron la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El PE tendría la voluntad de convalidar las renuncias de ambos y, ante ese escenario, el objetivo de algunos diputados y senadores sería apurar los trámites para su destitución.
No todos, sin embargo, están en esa sintonía: un diputado que también sigue este tema de cerca es Guido Lorenzino, que manifestó su propia postura esta mañana, en diálogo con Buenos Aires 2punto0 Formato Radio. "Algunos legisladores de la oposición y también del oficialismo solicitaron la aceptación de la renuncia. Nosotros entendemos que el pedido de juicio político es que deje de ser juez", mencionó.
"No cambia nada, porque las jubilaciones son derechos adquiridos por la labor de años. Distinto sería si no estuviera en edad de jubilarse, en ese caso tendría que hacer los aportes desde otro lado", aclaró.
Y concluyó que el objetivo, con todo esto, no es otro que "mejorar la calidad de los magistrados".
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